"Los diputados federales del PRI pretenden aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que da sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, que otorga autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, 'de manera encubierta', permite declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales" (Proceso, Año 34, No. 1799, p. 11).
A propósito de esta reforma, es importante no perder de vista que la Seguridad nacional, tal como la maneja el discurso federal es, en realidad, "seguridad de gobierno" (ya ni siquiera de Estado), pues los intereses que la ley protege no son los de la nación, sino los de un sector empeñado en conservar el ejercicio del poder, aunque eso implique violaciones a los Derechos Humanos de la población, espionaje en la vida de los mismos y, en caso de aprobar la reforma a la Ley de seguridad nacional, se estaría dando un paso desde la arbitrariedad de gobernar, por parte de Felipe Calderón, hasta la legitimación y legalización de la violencia Estatal.
En este sentido, no se puede dejar de lado el rol de los medios de comunicación masiva, pues son ellos quienes posicionaron el discurso federal de lo que ahora entendemos por seguridad nacional y no lo que debiera ser. Pero para entrar en este tipo de discusiones hacen falta investigaciones del tema que den pie a cuestionamientos sobre por qué se protege la seguridad de los gobernantes e Instituciones del Estado y no de la nación.
Las constantes campañas de criminalización hacia la protesta social, y la violencia contra las guerrillas, son un claro ejemplo de cómo el gobierno se ampara en el discurso de seguridad nacional para justificar la erradicación de quienes amenazan sus intereses (entiéndase: el ejercicio del poder). ¿Quién violenta más a la población, el gobierno con sus políticas y hostilidades del Ejército, o un grupo de personas que se levanta en armas para que les sean garantizados sus derechos?
Antes de continuar acoto que no estoy apoyando la existencia de una guerrilla, ni de los grupos rebeldes (lo ideal sería que éstos no existieran); únicamente me interesa reflexionar sobre cuáles son los intereses que amenazan, realmente, estos grupos subversivos y por qué el gobierno hace todo lo posible para que desaparezcan. Es decir, pese a que las demandas de una guerrilla, u organizaciones similares, están enfocadas a mejorar las condiciones de vida de una nación, habrá que cuestionarse si dichas demandas amenazan la seguridad de la nación en sí o, más bien, la de quienes ocupan los cargos gubernamentales del país.
También habrá que analizar si las acciones militares contra las guerrillas y grupos subversivos, por decir algo, son la mejor estrategia para garantizar la desaparición definitiva de los mismos o se deben implementar otras formas. El problema no es la guerrilla en sí, ni el grupo rebelde, sino las causas que dan origen a los mismos. Por lo tanto, no importa si Felipe Calderón, con ayuda del Ejército federal, logra desaparecer a todas estas organizaciones, pues lo que se debe combatir, en realidad, son las causas que dan pie a las mismas, no al grupo en sí. Es decir, en vez de matar a los rebeldes, o de criminalizar la protesta social, el gobierno federal debe hacer algo que erradique la pobreza y garantice una vida digna a la población.
"La guerrilla es siempre un fenómeno social. Es una parte destacada y álgida de ciertos procesos regionales o supraregionales. Sin embargo, por su estructura clandestina, por su capacidad de fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o ejércitos populares, la opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad injustificable. Al eliminar como uno de los rasgos esenciales su naturaleza social, se aleja la actitud oficial o gubernamental de la obligación de emprender un análisis social y político más a fondo y reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada [...] Por ello he venido explicando durante muchos años que las fallas de Seguridad Nacional no pueden reducirse a la lenta o fallida detección militar o policiaca de focos guerrilleros. Porque hay una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad. El riesgo que corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas de poder político y económico que han generado la corrupción en México. Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; la guerrilla es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel y letal, las políticas que imponen los grupos de poder" (Carlos Montemayor, EPR/I en La Jornada, Año 23, No. 8224, 14 de julio de 2007, Política, p.8).
Entonces, ¿quién violenta más a la población, los grupos subversivos o el gobierno que no ha sido capaz de garantizar a la nación, empleo, salud, trabajo, vivienda digna, educación y justicia?
Evidentemente, una de las principales amenazas a la seguridad nacional es la pobreza, pero la incapacidad del gobierno para elaborar un diagnóstico de realidad que determine prioridades y amenazas, a fin de crear programas o estrategias encaminadas a garantizar la protección de la nación, y no la del aparato gubernamental, atenta, en sí misma, contra la seguridad nacional.
De hecho, las amenazas a la seguridad nacional varían entre un país y otro, pues algunas naciones, como Estados Unidos, la enfocan a las agresiones provenientes del exterior (como lo fue el caso de Osama Bin Laden) mientras que algunos otros, como México, deberían concentrarse más en la situación interna del país. Pero a veces pareciera que en nuestro país no es importante el tema y que la agenda nacional intenta ser una copia de la estadounidense, a pesar de las diferencias mencionadas.
Por todo lo anterior se debe revisar el concepto de seguridad nacional antes de aprobar cualquier reforma a dicha ley pues, además de legalizar y legitimar la violencia del Estado hacia la población (no me refiero sólo a la violencia social sino también a la violencia militar), México se convertirá en un país donde la gobernabilidad sea irreversible y donde la intervención del Ejército, lejos de solucionar cualquier conflicto, detonará más causas que nos encaminen a la vulnerabilidad (interna y externa), lo cual también representa una amenaza a la seguridad nacional. Pese a este escenario, no existe nada para prevenirlo; al contrario.
Otras amenazas que no se previenen son los desastres naturales. Para no ahondar en el asunto, basta mencionar que ni siquiera hay suficientes fondos económicos en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para hacerles frente a estas situaciones. Ni qué decir del centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), cuyos nombres sólo escuchamos cuando la catástrofe no se pudo prevenir.
Evidentemente, ni las catástrofes naturales, ni la pobreza, son las únicas amenazas a la seguridad de la población; sin embargo, pese a su importancia; sobre todo en el caso de la pobreza (por ser detonante de la delincuencia organizada, las guerrillas y otros focos rojos) siguen sin implementarse estrategias que garanticen su erradicación. Lamentablemente el Ejército no puede solucionar nada ni hacer otra cosa que no sea seguir cobrando vidas inocentes y violando Derechos Humanos.
Por su parte, lo único que han sabido hacer los partidos políticos, al respecto, es ser oportunistas. Tal es el caso del PRD quien, como "partido de izquierda", reprueba la reforma a la Ley de seguridad nacional impulsada por el PRI, pues la considera una violación a las Garantías individuales del pueblo mexicano. No obstante, mientras los militantes perredistas manejan este discurso "protector y defensor" de la nación, su compañero, Juan Sabines, gobernador del PRD en Chiapas, se está madreando a todos en ese estado. Dicha situación sólo evidencia la inconsecuencia, el cinismo y el oportunismo con el que se maneja la política mexicana.
Otra inconsecuencia en el discurso gubernamental es, por un lado, su compromiso por la defensa de los recursos naturales (apelando a la seguridad nacional) y, por otro lado, la facilidad que da el mismo gobierno a los inversionistas extranjeros para explotar dichos recursos. Todos sabemos por qué los inversionistas extranjeros tienen las puertas abiertas en nuestro país; sin embargo, no está de más preguntarse, ¿por qué se sigue permitiendo este doble discurso?
Es más, no se necesita ir muy lejos para detectar el cinismo con el que se permite la intervención extranjera en los asuntos nacionales y del cómo, en estos casos, nadie habla de violaciones a la Ley de seguridad nacional por parte del gobierno. No hay sanciones, no hay prevención. Esto se evidencia con el Plan Mérida, a través del cual el gobierno de Estados Unidos brinda "apoyo" económico a México en su lucha contra el Narcotráfico y la delincuencia organizada. No es de sorprender que aquel país meta las manos en los asuntos nacionales del nuestro. Lo preocupante es que ahora dicha intervención será legal y legítima, del mismo modo en el que se legalizará y legitimará la violencia de Estado si se aprueba la reforma a la Ley de seguridad nacional.
Por todo lo anterior me parece que se deben abrir más espacios de discusión-reflexión-investigación para la seguridad nacional y, cuando digo "abrir espacios" me refiero a que el asunto no se quede, únicamente, entre la clase política.
A propósito de esta reforma, es importante no perder de vista que la Seguridad nacional, tal como la maneja el discurso federal es, en realidad, "seguridad de gobierno" (ya ni siquiera de Estado), pues los intereses que la ley protege no son los de la nación, sino los de un sector empeñado en conservar el ejercicio del poder, aunque eso implique violaciones a los Derechos Humanos de la población, espionaje en la vida de los mismos y, en caso de aprobar la reforma a la Ley de seguridad nacional, se estaría dando un paso desde la arbitrariedad de gobernar, por parte de Felipe Calderón, hasta la legitimación y legalización de la violencia Estatal.
En este sentido, no se puede dejar de lado el rol de los medios de comunicación masiva, pues son ellos quienes posicionaron el discurso federal de lo que ahora entendemos por seguridad nacional y no lo que debiera ser. Pero para entrar en este tipo de discusiones hacen falta investigaciones del tema que den pie a cuestionamientos sobre por qué se protege la seguridad de los gobernantes e Instituciones del Estado y no de la nación.
Las constantes campañas de criminalización hacia la protesta social, y la violencia contra las guerrillas, son un claro ejemplo de cómo el gobierno se ampara en el discurso de seguridad nacional para justificar la erradicación de quienes amenazan sus intereses (entiéndase: el ejercicio del poder). ¿Quién violenta más a la población, el gobierno con sus políticas y hostilidades del Ejército, o un grupo de personas que se levanta en armas para que les sean garantizados sus derechos?
Antes de continuar acoto que no estoy apoyando la existencia de una guerrilla, ni de los grupos rebeldes (lo ideal sería que éstos no existieran); únicamente me interesa reflexionar sobre cuáles son los intereses que amenazan, realmente, estos grupos subversivos y por qué el gobierno hace todo lo posible para que desaparezcan. Es decir, pese a que las demandas de una guerrilla, u organizaciones similares, están enfocadas a mejorar las condiciones de vida de una nación, habrá que cuestionarse si dichas demandas amenazan la seguridad de la nación en sí o, más bien, la de quienes ocupan los cargos gubernamentales del país.
También habrá que analizar si las acciones militares contra las guerrillas y grupos subversivos, por decir algo, son la mejor estrategia para garantizar la desaparición definitiva de los mismos o se deben implementar otras formas. El problema no es la guerrilla en sí, ni el grupo rebelde, sino las causas que dan origen a los mismos. Por lo tanto, no importa si Felipe Calderón, con ayuda del Ejército federal, logra desaparecer a todas estas organizaciones, pues lo que se debe combatir, en realidad, son las causas que dan pie a las mismas, no al grupo en sí. Es decir, en vez de matar a los rebeldes, o de criminalizar la protesta social, el gobierno federal debe hacer algo que erradique la pobreza y garantice una vida digna a la población.
"La guerrilla es siempre un fenómeno social. Es una parte destacada y álgida de ciertos procesos regionales o supraregionales. Sin embargo, por su estructura clandestina, por su capacidad de fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o ejércitos populares, la opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad injustificable. Al eliminar como uno de los rasgos esenciales su naturaleza social, se aleja la actitud oficial o gubernamental de la obligación de emprender un análisis social y político más a fondo y reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada [...] Por ello he venido explicando durante muchos años que las fallas de Seguridad Nacional no pueden reducirse a la lenta o fallida detección militar o policiaca de focos guerrilleros. Porque hay una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad. El riesgo que corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas de poder político y económico que han generado la corrupción en México. Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; la guerrilla es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel y letal, las políticas que imponen los grupos de poder" (Carlos Montemayor, EPR/I en La Jornada, Año 23, No. 8224, 14 de julio de 2007, Política, p.8).
Entonces, ¿quién violenta más a la población, los grupos subversivos o el gobierno que no ha sido capaz de garantizar a la nación, empleo, salud, trabajo, vivienda digna, educación y justicia?
Evidentemente, una de las principales amenazas a la seguridad nacional es la pobreza, pero la incapacidad del gobierno para elaborar un diagnóstico de realidad que determine prioridades y amenazas, a fin de crear programas o estrategias encaminadas a garantizar la protección de la nación, y no la del aparato gubernamental, atenta, en sí misma, contra la seguridad nacional.
De hecho, las amenazas a la seguridad nacional varían entre un país y otro, pues algunas naciones, como Estados Unidos, la enfocan a las agresiones provenientes del exterior (como lo fue el caso de Osama Bin Laden) mientras que algunos otros, como México, deberían concentrarse más en la situación interna del país. Pero a veces pareciera que en nuestro país no es importante el tema y que la agenda nacional intenta ser una copia de la estadounidense, a pesar de las diferencias mencionadas.
Por todo lo anterior se debe revisar el concepto de seguridad nacional antes de aprobar cualquier reforma a dicha ley pues, además de legalizar y legitimar la violencia del Estado hacia la población (no me refiero sólo a la violencia social sino también a la violencia militar), México se convertirá en un país donde la gobernabilidad sea irreversible y donde la intervención del Ejército, lejos de solucionar cualquier conflicto, detonará más causas que nos encaminen a la vulnerabilidad (interna y externa), lo cual también representa una amenaza a la seguridad nacional. Pese a este escenario, no existe nada para prevenirlo; al contrario.
Otras amenazas que no se previenen son los desastres naturales. Para no ahondar en el asunto, basta mencionar que ni siquiera hay suficientes fondos económicos en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para hacerles frente a estas situaciones. Ni qué decir del centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), cuyos nombres sólo escuchamos cuando la catástrofe no se pudo prevenir.
Evidentemente, ni las catástrofes naturales, ni la pobreza, son las únicas amenazas a la seguridad de la población; sin embargo, pese a su importancia; sobre todo en el caso de la pobreza (por ser detonante de la delincuencia organizada, las guerrillas y otros focos rojos) siguen sin implementarse estrategias que garanticen su erradicación. Lamentablemente el Ejército no puede solucionar nada ni hacer otra cosa que no sea seguir cobrando vidas inocentes y violando Derechos Humanos.
Por su parte, lo único que han sabido hacer los partidos políticos, al respecto, es ser oportunistas. Tal es el caso del PRD quien, como "partido de izquierda", reprueba la reforma a la Ley de seguridad nacional impulsada por el PRI, pues la considera una violación a las Garantías individuales del pueblo mexicano. No obstante, mientras los militantes perredistas manejan este discurso "protector y defensor" de la nación, su compañero, Juan Sabines, gobernador del PRD en Chiapas, se está madreando a todos en ese estado. Dicha situación sólo evidencia la inconsecuencia, el cinismo y el oportunismo con el que se maneja la política mexicana.
Otra inconsecuencia en el discurso gubernamental es, por un lado, su compromiso por la defensa de los recursos naturales (apelando a la seguridad nacional) y, por otro lado, la facilidad que da el mismo gobierno a los inversionistas extranjeros para explotar dichos recursos. Todos sabemos por qué los inversionistas extranjeros tienen las puertas abiertas en nuestro país; sin embargo, no está de más preguntarse, ¿por qué se sigue permitiendo este doble discurso?
Es más, no se necesita ir muy lejos para detectar el cinismo con el que se permite la intervención extranjera en los asuntos nacionales y del cómo, en estos casos, nadie habla de violaciones a la Ley de seguridad nacional por parte del gobierno. No hay sanciones, no hay prevención. Esto se evidencia con el Plan Mérida, a través del cual el gobierno de Estados Unidos brinda "apoyo" económico a México en su lucha contra el Narcotráfico y la delincuencia organizada. No es de sorprender que aquel país meta las manos en los asuntos nacionales del nuestro. Lo preocupante es que ahora dicha intervención será legal y legítima, del mismo modo en el que se legalizará y legitimará la violencia de Estado si se aprueba la reforma a la Ley de seguridad nacional.
Por todo lo anterior me parece que se deben abrir más espacios de discusión-reflexión-investigación para la seguridad nacional y, cuando digo "abrir espacios" me refiero a que el asunto no se quede, únicamente, entre la clase política.
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